por La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) anunció la semana pasada que se está diseñando un programa previsional con perspectiva de género. Su objetivo es que las mujeres en edad jubilatoria que no cuenten con los treinta años de aportes requeridos puedan acceder a este derecho, una medida que, de concretarse, impactará en 155.000 mujeres durante este año y en 30.000 más el año próximo.
El programa impulsado por Anses, en conjunto con el Ministerio de Géneros, reconocerá a fines jubilatorios un año por hije para personas gestantes. Además, aquellas madres que sean titulares de la Asignación Universal Por Hijo y lo hayan sostenido por más de un año, se les computarán dos años adicionales. Desde el organismo arrojaron algunos valores que nos resultarán de gran ayuda para entender la importancia económica y simbólica de la medida.
El 44% de las mujeres en edad jubilatoria no puede acceder a la misma por falta de años de aportes, este porcentaje representa a 300.000 mujeres de entre 59 y 64 años. Dado que el proyecto busca alcanzar a 155.000, estamos hablando de más de la mitad de las personas que hubieran quedado sin este derecho y a merced de un sistema cruento que castiga a quienes quedan afuera.
Es importante comprender que el sistema previsional es la punta del iceberg de un régimen absolutamente desigual con respecto a los derechos y obligaciones, que no hace más que reproducir un modelo laboral que expulsa a las mujeres por gestantes a la vez que las obliga silenciosamente a ejercer el rol de cuidadoras hacia adentro del núcleo familiar. Pero, además, este indicador cambia dependiendo del territorio al que nos estemos refiriendo.
Mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza y San Luis registran valores superiores a la media, las provincias del norte, así como también algunas de la Patagonia, registran números muy por debajo de este valor. Identificar estas diferencias permitirá impulsar medidas que generen algún cambio significativo en el sistema que determina nuestras vidas.
Las inequidades de género en materia económica no se manifiestan únicamente en la posibilidad de acceso al mercado laboral sino también en los tipos de trabajo a los que podemos acceder las mujeres y a las posiciones jerárquicas que logramos alcanzar. Para distinguir analíticamente estos fenómenos utilizamos los conceptos de diferenciación decarácter vertical y horizontal. Tanto el acceso al trabajo como el ascenso laboral son formas de segregación que contribuyen a explicar las desigualdades que se manifiestan en el tipo y en la calidad de empleo.
El último dato presentado por el Ministerio de Desarrollo Productivo indica que ocupamos solamente el 31,7% de las posiciones entre gerencias y jefaturas. En el conjunto de la economía argentina, el ingreso percibido por las mujeres es un 24% menor que el que reciben los varones. Si bien la brecha salarial horaria existe, hay un mecanismo más perverso que permite que esta injusticia se perpetúe en las sombras. Esta inequidad responde a la desigual distributiva de los tiempos de trabajo remunerado y no remunerado entre las feminidades y las masculinidades.
El mercado laboral registrado expone que las mujeres trabajamos un 22% menos de horas que los varones en el mercado laboral renumerado, lo cual explica casi por completo la diferencia de ingresos. Si nos basamos en el valor de la hora de trabajo, la brecha salarial sería considerablemente menor, reduciéndose a una diferencia de 2 puntos porcentuales. De acuerdo con informes públicos, se calcula que el promedio de horas dedicadas a las tareas de cuidado de parte de un varón es de 9,6 horas semanales, independientemente del poder adquisitivo que tenga. Mientras que las mujeres dedican entre 15,2 y 22,9 horas promedio según su estatus social.
Aquí se puede advertir una doble desigualdad. Por un lado, la notoria brecha en las horas dedicadas al trabajo no pago. Por el otro, el hecho de que los hogares más vulnerados son aquellos en los que las mujeres dedican más horas al trabajo no reconocido. Esta doble desigualdad amplía brechas financieras y fomenta que mujeres que sufren violencias intrafamiliares queden imposibilitadas económicamente de retirarse. A pesar de los esfuerzos que realizan a diario los organismos públicos que se ocupan de promover políticas de equidad, los resultados aún no son suficientes.
Las brechas de género que permiten la perpetuación de las violencias, la desigualdad en la autonomía económica y la negación al pleno desarrollo personal y social de las mujeres y disidencias sexuales siguen siendo considerables. Se torna cada vez más imprescindible la implementación efectiva de políticas que permitan mermar este conjunto de injusticias.
En este sentido, Elizabeth Gómez Alcorta convocó a una comisión de especialistas destinada a elaborar un proyecto de ley para crear un sistema integral de cuidados. Esta iniciativa busca dar respuesta a algunos reclamos históricos demandados por los feminismos, haciendo que el Estado asuma un compromiso en la identificación de las políticas de cuidado como parte de una agenda social que excede a las cuestiones de género.
La ley busca reconocer el cuidado como un trabajo, como una necesidad para el funcionamiento de la sociedad y como un derecho. Es importante que se legisle sobre este asunto, porque si los objetivos se centran exclusivamente en el «reconocimiento» se puede seguir reforzando el estereotipo de que estamos destinadas a cuidar por razones naturales y por actos de amor.
Durante la pandemia se expuso de manera explícita y casi involuntaria que vivimos en un sistema que se perpetúa gracias a las tareas realizadas «en la intimidad» y que el mundo no funcionaría sin las famosas prácticas esenciales. La Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía publicó hace unos días un informe que elaboró en conjunto con Unicef que expuso que el impacto económico y social de la pandemia fue más hostil con las mujeres a cargo de niñes. Es importante que las políticas no estén direccionadas a eliminar o a estigmatizar las tareas de cuidado sino que, por el contrario, las pongan en el centro de la economía reconociéndolas como un trabajo y valorizarlas como tal.
Esta política significaría un doble reconocimiento de parte del Estado. Por un lado, a los movimientos feministas, que vienen impulsando esta lucha y, por otro lado, daría la posibilidad a cientos de miles de mujeres de jubilarse, iniciando la reparación de las condiciones de vida de un amplio sector de la población que padece en primera persona las consecuencias de un sistema profundamente desigual. Hay que pensar en políticas que permitan alcanzar la justicia social para todes aquelles que cuidan. Así, ya nada será sin nosotres.
Por Laura Testa. Publicado originalmente para BAE Negocios
