por Luego de un año atravesado por la pandemia, el cual replanteó prioridades en la agenda nacional, la disputa política y económica tendrá varios frentes de batalla en el 2021.
La agenda legislativa será una de ellas, no solo por las elecciones de medio término sino también por varios proyectos de la agenda económica que deberán pasar por el Congreso.
A las urnas
Si bien aún no está definido qué ocurrirá con las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), lo cierto es que en las elecciones de este año se renuevan la mitad de las bancas en Diputados (127 escaños) y un tercio del Senado (24 bancas).
Después de una muy buena elección en 2017, Juntos por el Cambio es el espacio político que más diputadas/os tiene que renovar en la Cámara baja (60 de los 116 que tiene), seguido por el Frente de Todos, que renuevan 51 de los 119 actuales.
De darse una elección positiva para el oficialismo, podría llegar a lograr los 129 escaños que se requieren para el quorum propio en esta Cámara, ya que el Gobierno requirió durante todo el año pasado de alianzas políticas para lograr dicho número.
En el caso del Senado, la apuesta del Frente de Todos es mantener la mayoría propia. El oficialismo renueva 15 de sus 43 bancas y Juntos por el Cambio hará lo propio con 9 de las 29 con las que cuenta.
Si bien en años electorales no se esperan tantas sesiones como las del cronograma 2020, desde la agenda legislativa hay varios temas económicos de alta relevancia que serán discutidos.
Algunos fueron incluidos en las sesiones extraordinarias que rigen hasta el próximo 28 de febrero. Por ejemplo, la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda, ya aprobada por Diputados. En tanto que otros temas se sumaron a la agenda, como la modificación al Impuesto a las Ganancias.
FMI y deuda
La Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda, establece que todo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) o endeudamiento externo con títulos públicos deberá ser aprobado por el Congreso.
En este marco, se sabe que durante este año deberá tratarse en el Parlamento el acuerdo al que se arribe con el FMI sobre el préstamo Stand-By adquirido por el gobierno de Macri en 2018.
Dicho préstamo, ya desde la firma tenía condiciones de pago que eran imposibles de cumplir para nuestro país.
De los USD57.000 millones iniciales acordados, Argentina finalmente recibió desembolsos por USD44.000 millones, que debían ser devueltos desde el 2021.
Este año los pagos deberían alcanzar los USD5.190 millones, siendo el 2022 y el 2023 los años con mayores cargas de pago, concentrado cada uno alrededor de USD 19.300 millones.
Para dimensionar el peso que tendrían estos pagos, basta compararlos con nuestras reservas internacionales, que actualmente están en USD39.000 millones.
Se espera que en las negociaciones se logren mayores plazos para el pago de la deuda, lo que si bien significa la salida más sostenible en este escenario, implicará más años de injerencia del organismo en nuestra política económica.
De hecho, las proyecciones macroeconómicas del Presupuesto 2021 fueron realizadas en vista a la renegociación con el organismo.
Presupuesto 2021
En el Presupuesto de este año las proyecciones fueron conservadoras.
Se espera que el déficit fiscal llegue al 4,5% del PBI, contra 6,5% del 2020, no contemplando partidas adicionales relacionadas con la pandemia, como nuevas rondas de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).
Con respecto a la inflación, se espera un 29% a diciembre, aunque para las proyecciones privadas que releva el Banco Central de la República Argentina (BCRA) este número llegaría al 50%.
Y en cuanto al crecimiento, la denominada «ley de leyes» prevé para este año una recuperación moderada del 5,5%, después de una caída de dos dígitos en 2020.
Respecto de los sectores que impulsarán la economía luego de la caída de 2020, se encontrará sin dudas la obra pública como uno de los pilares.
Ya en el Presupuesto para este año se prevén inversiones por el 2,2% del PBI como parte de la reactivación.
Además de las inversiones ya presupuestadas, en la agenda de sesiones extraordinarias del Congreso se incluyeron proyectos relacionados con la obra pública, como ser la reactivación de obra pública para vivienda y un régimen destinado a promover las inversiones en la construcción de obras privadas.
El sector de la construcción tiene un empleo fuertemente masculinizado, ya que el 94% de los puestos está ocupado por varones.
Motorizar el crecimiento desde la construcción sin tomar otras medidas relega la creación de empleo femenino. Queda en manos el Estado la oportunidad de promover activamente la incorporación de más mujeres en este sector.
En relación con la agenda de género, para este año se espera que se debata en el Congreso una ley integral de cuidados y un proyecto para la promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero.
Inflación y dólar
En la pelea para bajar la inflación y disminuir la demanda de dólares se destaca un proyecto de ley tendiente a implementar medidas de incentivo tributario, a los fines de fomentar la inversión en instrumentos financieros emitidos en moneda nacional.
Adicionalmente, de la mano del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el oficialismo presentó en los últimos días un proyecto para la modificación del Impuesto a las Ganancias. Un tema siempre planteado como parte de la agenda electoral, pero que suele postergarse por problemas de caja.
Según las estimaciones realizadas por el oficialismo, implicaría que dejen de pagar el tributo más de 1,2 millón de trabajadores (el 63,4% de los contribuyentes alcanzados hoy en día) al elevar el mínimo no imponible a $150.000 brutos. Este tributo es de los más progresivos y uno de los que más aporta a la recaudación (más del 20% del total).
Desde el año pasado, dentro de las medidas en agenda a discutir en el Congreso, se encontraba la reforma tributaria integral para la economía post pandemia.
Esta reforma, según las declaraciones del presidente Alberto Fernández, tendría como objetivo que la estructura tributaria sea más progresiva. Sin embargo, la renegociación con el Fondo, sus condiciones habituales de reducción de déficit fiscal y el año electoral podrán llevar al aplazamiento de la iniciativa.
Por Cecilia Galarza y Ayelen Boryka. Publicado originalmente para BAE Negocios
