por La suspensión de la fórmula de movilidad dejó un espacio de 180 días en el que las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales ajustarán discrecionalmente según disponga el Gobierno. Esto sembró un contexto de incertidumbre para los jubilados, que esperaban un aumento del 11,56% en marzo, según la fórmula suspendida, que ajustaba por IPC y salarios.
Para mediados de febrero, el Presidente, acompañado por el titular de la Anses, anunció cómo sería el aumento de marzo, que regirá por los siguientes tres meses. Para las jubilaciones, se recurrió a los aumentos de suma fija, en un intento por mostrar un reajuste progresivo, ya que este tipo de subas representan un aumento porcentual mayor en los estratos inferiores.
La suba generalizada de $1.500 más 2,3% impactó positivamente en los que perciben la mínima, debido a que significa una actualización del 13%, superior a la estipulada originalmente. A su vez, el 64% de los jubilados cobran el haber mínimo, de manera que la mayoría de ellos quedaron comprendidos en este aumento. Sin embargo, el resto de los implicados vieron caer sus ingresos respecto a la expectativa inicial, con recortes de hasta 8,5 puntos porcentuales para los estratos superiores.
Es cierto que el sistema actual permite la convivencia de jubilaciones por $400.000 con otras de $15.000 y en un contexto de escasez de recursos achatar la pirámide de haberes parece ser la salida menos controvertida. Sin embargo, en el medio de estos reajustes, quedaron comprendidos jubilados con ingresos por alrededor de $30.000, que terminarán perdiendo contra la inflación y que distan mucho de encontrarse dentro de “los que más tienen”.
En términos generales, el haber medio creció 9,2% (-2,4 punto respecto a la fórmula suspendida) y el haber medio, excluyendo las jubilaciones mínimas, creció 6,5%, la mitad del aumento previsto. A juzgar por el escaso ahorro fiscal exhibido hasta ahora, el ajuste en las jubilaciones se está realizando sólo para una parte de los jubilados, mientras que los de menores ingresos se han visto beneficiados.
De todas formas, es claro que, en términos generales, el espíritu de suspender la fórmula de movilidad está alineado con la necesidad de desindexar el gasto en seguridad social y de avanzar en la prudencia fiscal, a través del recorte del gasto. En este sentido, utilizar la partida de las jubilaciones, conlleva un costo político alto que hasta el momento no ha sido compensado por una mejora en el ahorro fiscal.
Es difícil creer que, en adelante, habrá aumentos por encima de lo estipulado por la fórmula de movilidad suspendida.
Para el 2020, el aumento discrecional del mes de marzo (incluyendo jubilaciones y otras prestaciones sociales) representa un alivio fiscal de $9.500 millones, alrededor de 0,03% del PIB. Sin embargo, si se incluye el bono de enero de $5.000, no habría ahorro en el gasto total atado por movilidad. El bono significó un aumento del gasto por $22.150 millones, superando el ahorro de $9.500 millones que genera el recorte de los haberes. Al incluirlo en la cuenta final, el Gobierno tendrá un aumento del gasto de $12.600 millones.
Es difícil creer que, en adelante, habrá aumentos por encima de lo estipulado por la fórmula de movilidad suspendida. Lo más probable es que se mantenga el sendero de aplanamiento de la pirámide de haberes y que se recorten las jubilaciones más altas. Esto permitiría mejorar el ahorro fiscal por el efecto combinado del recorte y una licuación del gasto por el pago de los bonos a medida que pasen los meses. Dado el costo político que se asume al suspender la movilidad, es importante que al menos el resultado mejore las cuentas públicas. De lo contrario, será una medida con muchos problemas, y pocas soluciones.
Por Julia Segoviano. Publicada originalmente en El Economista
