El Gobierno debe afrontar muchos desafíos en el segundo semestre. Por un lado, sostener el crecimiento de la industria que demanda dólares y cumplir con el colchón de reservas que demanda el FMI
Si bien los precios internacionales favorecen a Argentina, en los últimos meses no se están acumulando reservas de la forma esperada. Esto se debe a múltiples factores, tanto políticos como económicos.
Uno de los más importantes corresponde a la necesidad de importaciones de insumos y bienes de capital que demandan la recuperación económica y el sostenido crecimiento de la actividad industrial.
En el primer cuatrimestre de 2022, las importaciones totales crecieron un 42% con respecto al mismo período del año pasado. Fueron traccionadas por una industria nacional operando en su nivel más alto en cuatro años, cuyo uso de capacidad instalada en abril fue de 67,5% (en el mismo mes del 2019 se encontraba en 61,6%). Uno de los casos emblemáticos de este proceso es la empresa Whirlpool, que a través de la sustitución de importaciones bajó drásticamente los ingresos de heladeras y lavarropas desde el exterior y actualmente está construyendo una planta de 40.000 metros cuadrados en Pilar, en donde fabricará 300.000 lavarropas al año, un tercio para el mercado interno y el resto para exportar a Brasil.
Otro ejemplo es el de la maquinaria agrícola, con empresas como Vassalli, Metalfor o Apache, en donde la producción nacional creció un 118% desde 2019. Como reflejo de esa evolución, el peso de los patentamientos de vehículos nacionales sobre el total pasó del 60% al 90% durante el mismo período.
Pero este no fue el único factor de dinamización de las importaciones. Si comparamos los primeros cuatro meses del año con el mismo período de 2021 se ve un incremento total de USD 7.300 millones. Un tercio de esta expansión se explica por la compra de combustible, que aumentó tanto en precios como en cantidades. Otro tercio del aumento fue generado por las subas en químicos, electrónica, autopartes y farmacéutica, en donde la participación de insumos necesarios para la producción es muy relevante.
La cuestión de fondo es que, más allá del necesario y esperado crecimiento de la actividad industrial, el país necesita acumular reservas y (de tanto en tanto) estos objetivos se vuelven contradictorios.
Vale aclarar que la administración de importaciones que realiza el Ministerio de Desarrollo Productivo (licencias no automáticas) se enfoca principalmente en limitar la entrada de bienes finales que se fabrican localmente. Mientras que el resto de las licencias (las automáticas), como es el caso de la energía, dependen del Banco Central.
De todas formas, las importaciones de los principales productos administrados por el ministerio (bienes finales y vehículos) subieron un 24% anual. En ese sentido cabe remarcar que la participación de estos productos sobre el total de compras externas bajó del 20,5% hasta el 13% entre 2019 y 2022. Podríamos afirmar, entonces, que el 87% de las importaciones corresponde a insumos y bienes de capital que acompañan el proceso de crecimiento local.
Pero no todos los componentes del comercio exterior son «administrables»: el aumento récord registrado en el precio internacional de la energía, debido a la interrupción en la cadena de suministros provocada primero por la pandemia y luego por la guerra en Ucrania, encarece las compras al exterior y entorpece el proceso de recuperación industrial.
Todos estos elementos convergen en el daño y en el ritmo de engrosamiento de las reservas, a lo que se le suma la brecha cambiaria de casi 100%. Esta diferencia entre el dólar oficial y la cotización en el mercado paralelo genera comportamientos especulativos de adelantamiento de importaciones y de retraso de liquidación de exportaciones por parte de algunos jugadores.
Además, el pago de la deuda privada acompaña la situación de dificultad. Durante el gobierno de Mauricio Macri, las empresas privadas no fueron ajenas al proceso de endeudamiento en dólares que encarnó el Estado.
Se calculan en aproximadamente USD15.000 millones las reservas del Banco Central que se destinaron a estos pagos desde el cambio de gestión, cuya mayor parte se realizó en 2020. En el primer cuatrimestre de 2022, el superávit comercial alcanzó los USD2.830 millones. Sin embargo, se fueron USD2.150 millones por pago de deuda y otros USD2.000 millones fueron adquiridos por personas humanas tanto para atesoramiento («bajo el colchón») como para turismo.
En conclusión, el Gobierno debe afrontar muchos desafíos en el segundo semestre.
Por un lado, sostener el crecimiento de la industria que demanda dólares. En este punto es necesario resaltar que no existe margen para recortar más las importaciones de bienes finales, que se encuentran en mínimos históricos desde 2014.
En segundo lugar, cumplir con las metas del FMI y finalizar el año con un colchón de reservas suficiente para evitar una devaluación (que generaría un salto inflacionario). Por último, y no menos importante, lograr un crecimiento dentro del mercado laboral no solo cuantitativo sino también cualitativo es uno de los principales desafíos. Este proceso de crecimiento industrial debe acompañarse con una disminución de los índices de pobreza y una mejora real de los salarios.
Por Lucila Ostropolsky. Publicado originalmente para BAE Negocios