por El empleo es mucho más sensible a cambios en el nivel de actividad que a los cambios en las regulaciones del mercado de trabajo
En las últimas semanas el tema de las indemnizaciones volvió al centro de la escena política luego de que diversos referentes de la coalición opositora se pronunciaran a favor de eliminar la indemnización por despido para ir hacia un sistema de seguros. Esta iniciativa, desató el debate en diversos ámbitos pero aún no queda muy claro de que se trata.
En primer lugar, existe un consenso generalizado de que la Argentina tiene dificultades para generar empleo privado registrado, entonces la discusión reside en cómo resolver estas limitaciones y si hay que flexibilizar las condiciones de despido para promover la generación de trabajo de calidad.
Según el INDEC, existen alrededor de 1,3 millones de personas sin ocupación que buscan trabajo activamente y están disponibles para trabajar, es decir, el 10,2% de la PEA. Si observamos este número con más detalle, entre los datos más preocupantes se encuentran que el 56,5% de la población desocupada se encuentra buscando empleo desde hace más de 6 meses y que el 25,2% de la población desocupada son mujeres de hasta 29 años.
Como se señaló anteriormente, existen serias dificultades para generar empleo registrado privado. Si miramos la trayectoria del mercado laboral en los últimos 10 años, el mayor crecimiento se generó entre 2014 y 2015, con un crecimiento de la economía cercano al 4% anual. Por otra parte, la mayor caída del empleo formal (exceptuando el año 2020 teniendo en cuenta el contexto sanitario) se dio entre 2018 y 2019 con una caída del 2,3% de los asalariados registrados en el sector privado y el nivel de actividad prácticamente estancado.
Leyes y mercado laboral
Si tenemos en cuenta que las regulaciones laborales acerca de las desvinculaciones no han sufrido cambios en los últimos 10 años podemos conjeturar que el empleo es mucho más sensible a cambios en el nivel de actividad que a los cambios en las regulaciones del mercado de trabajo. Esto tiene un sentido más pragmático que teórico: ninguna empresa va a contratar a un trabajador o trabajadora si es más difícil vender en el mercado de bienes lo que produce.
Sin dudas, el costo laboral asociado a contratar a un nuevo trabajador o trabajadora es para la empresa un factor decisivo a la hora de iniciar una relación laboral, pero ¿qué pasa con el costo asociado a desvincular sin motivo a un trabajador o trabajadora? ¿es un fondo de cese como el que plantea Juntos por el Cambio un incentivo a contratar?
Un fondo de cese es una suerte de seguro, es decir, garantiza el resarcimiento hacia el trabajador o la trabajadora para reparar o cubrir la pérdida que ocurre ante la pérdida de su trabajo sin importar el motivo (renuncia, despido con o sin causa). A primera vista, la implementación de este seguro permitiría reducir el costo al que se enfrenta un empresario o empresaria a la hora de despedir sin causa en concepto de indemnización, lo que según varios referentes de la oposición es una de las principales trabas a la hora de generar empleo de calidad.
Si se aplicara esta receta que teóricamente pareciera mágica, en la práctica difícilmente una empresa en una situación similar a la de equilibrio y con una adecuada gestión del capital humano encontrará en un fondo de estas características una ecuación conveniente ya que este se transformaría en un costo fijo adicional sobre el total de la dotación para cubrirse ante eventuales despidos. Otro punto a tener en cuenta es que esta clase de fondos no cubren a la empresa ante demandas judiciales en casos de accidentes de trabajo, precarización de sus trabajadores y trabajadoras y otra clase de incumplimientos. En otras palabras, la entidad aseguradora sólo protegería a la empresa ante un potencial despido con o sin causa.
Tampoco se debe olvidar que en 2017 el macrismo presentó un anteproyecto de reforma laboral que, entre otras modificaciones, establecía la creación de un fondo de cese laboral pero que no alcanzó el consenso necesario por la razón ya esgrimida que esta clase de fondos representan un costo fijo extra (junto a sus gastos de administración) para que la empresa se resguarde ante algo que podría o no suceder, como es una desvinculación sin causa.
Para el caso de los trabajadores y trabajadoras de la construcción, existe un fondo de desempleo con estas características cuyo objetivo es reducir las cargas sociales sobre los costos de dicha industria que se integra con un aporte obligatorio a cargo de la empresa que se realiza mensualmente desde el inicio de la relación laboral. En el caso de esta industria, un seguro de estas características adquiere un poco más de sentido ya que se suele tratar de puestos de trabajo más inestables o por temporada por lo que es necesaria otro tipo de regulación tanto para la contratación como para el eventual despido o renuncia.
Sin dudas, el reflote de estas ideas flexibilizadoras en el mercado de trabajo es una oportunidad para ciertos sectores (empresas, sindicatos y el Estado) de debatir seriamente en pos del bienestar de la clase trabajadora si la regulación laboral se debe orientar a facilitar las desvinculaciones, o si lo que se necesita es una profunda discusión sobre los incentivos a generar empleo de calidad.
Por Noelia Torres. Publicado originalmente para BAE Negocios.
